La revolución de los cuidados: El nuevo paradigma feminista en la Constitución de la CDMX
La Ciudad de México acaba de reescribir un capítulo fundamental en la historia de los derechos humanos. Con la publicación en la Gaceta Oficial de la Ley del Sistema Público de Cuidados, la capital se convierte en la primera ciudad del mundo en establecer constitucionalmente la erradicación de la división sexual del trabajo.
Este avance marca el inicio de lo que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, ha denominado "el nuevo constitucionalismo feminista".

Desmercantilizar y desfamiliarizar el cuidado
Durante generaciones, el sostenimiento de la vida se asumió como una responsabilidad privada y silenciosa, depositada casi exclusivamente sobre los hombros de las mujeres. Nueve de cada diez personas cuidadoras en la ciudad no reciben remuneración alguna, a pesar de que este esfuerzo invisible representa aproximadamente una cuarta parte del Producto Interno Bruto a nivel nacional.
La nueva legislación plantea un cambio de paradigma radical: el cuidado es una necesidad universal y, por lo tanto, debe ser garantizado por el Estado. La ley establece tres dimensiones jurídicas esenciales:
El derecho a cuidar.
El derecho a recibir cuidados.
El derecho al autocuidado.
Un pacto social construido en colectivo
Lejos de ser una imposición unilateral, el documento es el resultado de un extenso diálogo. Más de seis mil personas, activistas, colectivos y organismos internacionales (como la ONU) participaron en el proceso consultivo.
Para materializar esta política, el gobierno capitalino desplegará una enorme red de infraestructura cultural y de bienestar, que incluye la creación de 300 centros de educación inicial, 200 Casas de las Tres R y 100 nuevas Utopías, con capacidad para atender a más de 100 mil personas anualmente. Además, se instruyó la creación de un comité de especialistas para medir oficialmente el valor económico del trabajo doméstico.

Esta ley trasciende administraciones; es un mensaje poderoso para América Latina sobre cómo el consenso democrático puede ensanchar el horizonte de la emancipación y la justicia social.



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